Repercusión internacional de las
violaciones a los DD.HH
en Uruguay
a) Amnistía Internacional: “Informe de la misión a Uruguay” (1974)
(Fragmentos)
*Amnistía Internacional - Comisión Internacional de Juristas,
abril-mayo de 1974.
[...]
Apéndice “A”
La cárcel de “Libertad”
En alguna fase durante el sumario por parte del Juez de Instrucción Militar los prisioneros
son trasladados de los cuarteles a la cárcel situada a 50 kilómetros de Montevideo, que
curiosamente lleva el nombre del vecino pueblo de “Libertad”. Uno de nosotros visitó esta
cárcel con un intérprete. Es una cárcel moderna, administrada por las fuerzas armadas,
con un gran edificio de celdas, un conjunto de galpones, campos de deportes y locales de la
administración. El día de nuestra visita había 1.140 prisioneros, cuyos procesos estaban en
distintas fases. Los prisioneros están divididos en dos clases, los del edificio de celdas y los
de los galpones.
En el edificio hay 860 celdas. En un ala los prisioneros están solos en sus celdas y
permanecían detenidos, en efecto, en régimen de confinamiento aislado, salvo cuando se
les permitía salir para hacer ejercicios. Se dijo que ellos eran el núcleo central de los líderes
tupamaros. El resto estaban confinados de a dos, tres o cuatro por celda. Ellos también
pasaban la mayor parte del día en sus celdas, donde comían y trabajaban. Se les permitía
salir para hacer ejercicios y para recreación, que incluía fútbol y cine. Hay un lavatorio y
elementos para lavarse en cada celda. A cada prisionero se le permite tener cuatro libros a
la vez. También hay una biblioteca de la cárcel. Los restantes 280 prisioneros vivían en
galpones. Hay alrededor de 50 prisioneros en cada uno, que duermen en literas en dos
niveles. Los galpones tienen duchas y lavatorios. Estos prisioneros tienen un régimen mucho
menos severo y muchos trabajan fuera del perímetro de la cárcel. El comando de la cárcel
decide qué prisioneros deben estar en los galpones, cuáles en las celdas y cuáles en el ala de
aislamiento individual.
A los prisioneros les permiten recibir visitas de sus familias dos veces por mes y de vez en
cuando de sus abogados. Todas las conversaciones se realizan por teléfono, estando separadas
las dos partes por una pared de vidrio. A los padres se les permite ver a sus hijos en un
pequeño jardín y campo de juego.
Hay un sector de castigo, donde se mantiene a los prisioneros en confinamiento solitario,
en una celda pequeña, por período que van de 30 a 90 días. No se les permite material de
lectura, ni cigarrillos, ni realizar trabajos, ni ejercicios ni recreación. Duermen en una
frazada sobre el piso de cemento o sobre un banco. Hay un lavatorio en la celda. Reciben la
comida corriente en la cárcel. No hay castigos corporales. Se nos dijo que no han ocurrido
agresiones violentas. La falta más común parece ser una conducta insolente hacia los
guardianes.
Por casualidad nos encontramos y conversamos con dos médicos psiquiatras del ejército,
que estaban visitando la cárcel. Dijeron que había habido un buen número de casos de
perturbaciones psicológicas entre los prisioneros. No entre los líderes del núcleo central,
que aunque estén en celdas solitarias encuentran una fuerza interna que proviene de sus
convicciones políticas. Las mayores perturbaciones ocurren entre quienes esperan ser liberados
en poco tiempo. Los prisioneros que sufrieron los casos más graves fueron trasladados al
hospital militar para su tratamiento. Más tarde se nos dijo que ocurrieron algunos suicidios,
y precisamente el día siguiente a nuestra visita hubo un suicidio.
Se nos dijo que las condiciones en “Libertad” son muy superiores a las de las dos cárceles
de presos comunes en Montevideo, y por todas las referencias recibidas ello es cierto. No
obstante, es de toda evidencia que los prisioneros, aunque su proceso esté todavía en
curso, están sometidos a un severo régimen de castigos, especialmente los que están en el
edificio de celdas. En las conversaciones que mantuvimos, sin embargo, su culpabilidad se
daba por supuesta. Los que estaban sometidos al régimen menos duro de los galpones no lo
estaban porque se pusiera en duda su culpabilidad sino porque eran considerados menos
peligrosos desde el punto de vista de la seguridad.
b) W. Ferreira Aldunate: Carta a Videla, mayo1976
(Fragmentos)
*W. Ferreira Aldunate: “Discursos, conferencias y entrevistas”,
Montevideo, 1984. Págs. 11-26
Señor Presidente:
Dentro de pocas horas, buscaré el amparo de la Embajada de un país democrático, cuyo
gobierno respeta las normas que rigen la conducta de las naciones civilizadas. Antes de
hacerlo, tengo el deber de escribirle estas líneas. No se si llegará a leerlas, pero creo que le
haría bien hacerlo.
Hace casi tres años, a consecuencia de los acontecimientos políticos ocurridos en el
Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini y yo, uruguayos los tres, confiamos,
como multitud de otros compatriotas, nuestra seguridad y la de nuestra familias a la
protección de la bandera argentina. Poco o nada nos importó entonces ni después cuál
fuera el gobierno o el régimen político que imperara en este país, pues en quien depositamos
nuestras confianza fue en la propia nación. Así había sido siempre. Cuando nosotros –hablo
también en nombre de mis compatriotas asesinados– integramos el gobierno uruguayo,
acogimos en nuestra tierra a los perseguidos que llegaban a ella, procedentes de todos los
sectores políticos y sociales, sin preguntar siquiera a cuales pertenecían: eran argentinos, y
eso bastaba. Cristianos y marxistas, civiles y soldados, radicales en 1930, antiperonistas en
la década del 50, peronistas desde 1955, antiperonistas luego, fueron recibidos y protegidos
con fraterna solidaridad. Procedimos así, no sólo obedeciendo los dictados de nuestro
honor, sino también porque, de haber querido hacer lo contrario, nos los hubiera impedido
el país entero, aferrado a una nunca desmentida tradición nacional.
... Héctor Gutiérrez Ruiz es -porque eso no puede quitárselo nadie- el Presidente de la
Cámara de Representantes del Uruguay. Representa en ella al Partido Nacional, a pesar de
un comunicado expedido desde Montevideo por quienes se ceban, como algunos animales
inmundos, en los propios cadáveres. La condición de integrante del Partido Nacional, de
blanco, como decimos los Orientales, la damos y quitamos los blancos mismos, y no está al
alcance de los enemigos de su patria y de su partido. Tenía 43 años y presidía una maravillosa
familia...
Zelmar Michelini es padre de diez hijos, y también desde 1973 trabajaba de sol a sol aquí
en Buenos Aires para mantener a su mujer y sus hijos... Diputado, Ministro, Senador,
siempre militó en filas políticas distintas que las de Gutiérrez y mías. Pero todos sentimos
siempre por él un inmenso respeto, que se volvió, hace ya bastantes años, amistad
entrañable.
Toda mi vida se desarrolló cerca de estos hombres: uno al lado, y el otro enfrente. Pero
en lo que nunca discrepamos fue en la necesidad de combatir toda forma de violencia
injusta, cualquiera fuera su origen, y de afirmar la libertad y la dignidad de toda criatura
humana. Tengo la seguridad de que, si los tres estábamos obligados a vivir fuera de la
patria, fue precisamente porque quienes hoy la dominan están empeñados en eliminar la
violencia ajena, pero extreman la propia hasta límites del horror.
[...]
El Sr. Ministro de Defensa Nacional manifestó a dos corresponsales extranjeros por
separado, la noche del 20 (menos de 48 horas después de los hechos) que se trataba de una
“operación uruguaya”; creo necesario señalar que en esa etapa de su ejecución material
no intervinieron agentes de esa nacionalidad. […] En consecuencia, tengo la seguridad de
que el señor Ministro de Defensa, al hacer tales manifestaciones, debe haber querido
indicar: «planeada u ordenada desde el Uruguay»
[...]
Al cerrarse la noche que va del 18 al 19 de mayo, la policía no ha aceptado denuncia
alguna; ningún agente se ha hecho presente en los lugares de los hechos; el Juez Federal
competente no ha ordenado ninguna diligencia o pericia; no se ha recibido contestación a
ninguno de los telegramas enviados entre los que se encuentra el dirigido a usted, Sr.
Presidente las huellas dactilares de los criminales están esperando ser reveladas, en un país
donde todos los habitantes -nacionales y extranjeros- tienen las impresiones de sus diez
dedos archivadas y clasificadas en un registro único de carácter nacional. Aunque entonces
ni sus familiares ni sus amigos lo sabíamos, a Zelmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz les
quedaban 48 horas de vida. [...]
A la noche (del día 20), en una recepción, el Ministro de Defensa, Brigadier Mayor (RE)
José María Klix, formuló primero a un corresponsal extranjero, y luego a otro, la misma
sorprendente manifestación a que me he referido al comienzo de esta carta: “Se trata de
una operación uruguaya”, y agregó, en forma aún mas increíble: “todavía no sé si oficial o
no”. No tengo la más mínima duda de que el Sr. Ministro expresó la verdad, en cuánto
indicó quiénes inspiraron, encargaron u ordenaron los hechos, pero no en lo que respecta a
los órganos, instituciones e individuos que intervinieron en su ejecución material. Gobernantes
y personalidades de todo el mundo hacen llegar su preocupación al gobierno argentino. El
gobierno uruguayo no ha hecho ninguna gestión oficial o extraoficial interesándose por la
suerte de estas dos personalidades, ni considera conveniente manifestar al menos su
“preocupación” por los hechos. [...]
No deseo molestarlo más ni distraerlo de sus altas preocupaciones. Por eso, no le relato
las enormes dificultades que hubo de vencer para recuperar los dos cadáveres de nuestros
muertos, ni el súbito sentido del deber que repentinamente acomete al Juez Federal, que
adopta medidas, no para capturar a los asaltantes, sino para retener los cadáveres y no
entregarlos a los deudos, aún después de efectuadas las autopsias, ni las influencias que
hubo que mover y las gestiones que hubo que realizar para que al fin fueran entregados.
Tampoco creo necesario darle detalles del tratamiento agresivo y soez que recibieron los
familiares de los muertos en las seccionales de policía, ni de las manifestaciones que allí se
les hicieron amenazándolos con filmar los velatorios, si se atrevían a realizarlos, para
individualizar los asistentes.
Pero sí quiero decirle algo sobre los otros dos compatriotas cuyos cuerpos sin vida fueron
“encontrados” junto a los de nuestros dos amigos. No los conocía. Se dice que pertenecían
a una organización guerrillera, pero no tengo ningún modo de saber si ello es cierto o no.
Pero si tal fuera el caso, resulta evidente que se los mató al solo efecto de hacer aparecer
a nuestros dos amigos como vinculados con la guerrilla. Y no sé si esto no es lo más abyecto
de todo este sucio episodio: quitar la vida a dos seres humanos por la única razón de
apuntalar una mentira. Quiera Dios que la saña de los asesinos respete por lo menos la vida
de sus hijos desaparecidos.
La Policía argentina ha ido a buscarme a mi casa hace unas pocas horas. Hace ya varias
noches que no duermo en ella y, como le dije, buscaré ahora el amparo de la Embajada de
un país cuyo gobierno se respeta a sí mismo, y por ello respeta y ampara la vida humana.
Cuando llegue la hora de su propio exilio -que llegará, no lo dude, General Videla- si busca
refugio en el Uruguay, un Uruguay cuyo destino estará nuevamente en manos de su propio
pueblo, lo recibiremos sin cordialidad ni afecto, pero le otorgaremos la protección que
usted no dio a aquellos cuya muerte hoy estamos llorando.
c) Testimonio de Wilson Ferreira Aldunate frente al Congreso de
Estados Unidos, 17 de junio de 1976 (Fragmentos)
U.S., Congress, House, Committee on International Relations,
Human Rights in Uruguay and Paraguay,
94º Cong., 2ª Ses., 1976.
[...]
Mencioné antes que, inicialmente, este sistema [represivo] estaba creado para combatir
a la subversión. Incluso así, habría carecido siempre de una base moral e incluso política
porque su esencia era destruir aquello que afirmaba defender. Pero casi inmediatamente,
bajo el impulso de la propia dinámica del sistema, el terror se dirigió a toda la población.
Cuando no hubo mas “Tupamaros” para torturar, algunos sectores muy pequeños de la
izquierda “maoísta” fueron atacados; después vino el Partido Comunista, cuyos líderes y
militantes fueron perseguidos ferozmente; después vino el turno de aquellos ciudadanos
que alguna vez habían tenido alguna conexión con los sindicatos o las asociaciones de
trabajadores. Eventualmente, toda la población fue reprimida, cualquiera, por las dudas.
Miembros de mi partido han sido perseguidos, castigados, abusados y torturados. Sus
líderes han sido llevados a juicio. Los legisladores electos por las listas del Partido Nacional
han sido golpeados en la cárcel [...] Y enfatizo esto porque, de nuevo: mi partido no tiene,
no tuvo y no quiere tener nada que ver ni con los movimientos guerrilleros ni con la filosofía
marxista que no comparte ni entiende. Pero, por supuesto, demandamos respeto para la
dignidad de todos los seres humanos, como criaturas de Dios, cualquiera sea su ideología.
No creo que sea necesario continuar con esta dolorosa enumeración, y dejo en las
manos de todos ustedes los documentos y reportes que corroboran mi testimonio. Sin
embargo, antes de terminar, siento que es mi deber referirme al asesinato hace un mes en
Buenos Aires, Argentina, de dos parlamentarios brillantes, verdaderos y confiables
representantes de mi pueblo: Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Muchos hombres y mujeres de buena voluntad en todo el mundo trataron de todas las
formas posibles de salvar las vidas de esos grandes ciudadanos durante los tres días que
pasaron entre su secuestro en Buenos Aires y el cumplimiento de sus penas de muerte. Pero
nuestros esfuerzos fueron en vano; y mis amigos fueron asesinados por funcionarios del
gobierno argentino actuando bajo órdenes del igualmente homicida gobierno uruguayo.
[...]
Mi deseo más ferviente es que la muerte de mis dos firmes amigos de toda la vida –uno
mi compañero en política, el otro mi admirable adversario– sirva como un pedido por la
acción responsable de todos; apelo particularmente a ustedes que son sus colegas como
miembros de un parlamento creado por la voluntad del pueblo
[...]
Hoy, con un creciente sentimiento de impunidad, el régimen ha empezado a matar
abiertamente incluso afuera de las fronteras uruguayas. A los 29 casos de muerte bajo
tortura documentados por Amnistía Internacional, podemos agregar los nombres de
compatriotas encontrados muertos en territorio uruguayo luego de ser arrestados en Buenos
Aires. Debemos también agregar los cuerpos que después de un mes en el agua afloraron
en nuestras costas del Río de la Plata, con las manos atadas o cortadas y los cuerpos
quemados. [...] No sabemos el destino de muchos otros uruguayos que en las últimas
semanas dejaron sus casas en Buenos Aires y nunca volvieron. Sus cuerpos no han sido
encontrados.
El aparato represivo uruguayo ha sido construido con abundante material y asistencia
técnica de Estados Unidos. Personal militar y policial uruguayo ha cumplido y todavía cumple
prolongados períodos de instrucción en varios lugares de su país, especialmente en la zona
del Canal de Panamá. Ahora que todo eso se ha convertido en un emprendimiento dirigido
a destruir un pequeño país [...], aquellos que ayudaron a instalar la infernal maquinaria
deben contribuir a su desmantelamiento.
[...]
Estamos luchando de todas las formas posibles para defender los principios, los ideales y
el modo de vida que nuestro país aprendió de la Constitución de Estados Unidos. Ningún
uruguayo entenderá nunca si la misma nación que definió esas ideas hace 200 años, y hoy
las celebra con regocijo, continuará ejerciendo su enorme influencia en apoyo de los enemigos
de nuestro pueblo.
[...]
d) OEA: “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Uruguay”, 31 de enero de 1978 (Fragmentos)
*Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Organización de Estados Latinoamericanos.
[...]
Capítulo IX
Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1. Después de un detenido y objetivo análisis de los antecedentes y elementos de juicio
que obran en poder de la Comisión, se ha llegado a la conclusión de que en el Uruguay
existe un régimen bajo el cual se han violado derechos reconocidos en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
2. Las numerosas denuncias recibidas desde el Uruguay, así como de muchas otras
fuentes de crédito para la Comisión, y las mismas respuestas del Gobierno del Uruguay a las
solicitudes de información y recomendaciones de la Comisión, permiten a ésta afirmar que
en el Uruguay se han cometido graves violaciones contra los siguientes derechos humanos:
el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona; el derecho a la
libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento; el derecho de justicia; el derecho
a proceso regular; el derecho de reunión y asociación; y el derecho de sufragio y de
participación en el gobierno.
Recomendaciones
A la luz de estas conclusiones y otras observaciones señaladas en este informe y sin
perjuicio de la acción que corresponda a los casos individuales aludidos, la Comisión, en el
uso de sus facultades estatutarias, reitera al Gobierno del Uruguay que:
1. Adopte las medidas apropiadas para cooperar con la Comisión de una manera más
eficaz, suministrándole los documentos e informaciones arriba mencionados, así como
cualquier otro que ésta solicite en el ejercicio de sus atribuciones.
2. Disponga una investigación completa e imparcial para determinar los autores de las
muertes por apremios físicos de aquellas personas que se encontraban detenidas o arrestadas
cuando ellas ocurrieron y que comunique oportunamente a esta Comisión el resultado de
tales investigaciones.
3. Restablezca las visitas de cárceles o de causas por la Corte Suprema, que fueron
suspendidas por la Ley No. 14.493 del 29 de diciembre de 1975.
4. Excluya, de conformidad con su legislación, a los menores de 18 años de la aplicación
de las Medidas Prontas de Seguridad y, en caso de que incurran en actos presuntamente
ilegales o contrarios al orden público, ponerlos inmediatamente a la disposición del Juez de
Menores competente y recluirlos en lugares distintos de los destinados a detención de
adultos.
5. Ponga cuanto antes en libertad a todas aquellas personas detenidas, incluyendo las
que lo hayan sido bajo el régimen de las Medidas Prontas de Seguridad, a las que no se haya
formulado cargo alguno, o bien someterlas de inmediato a proceso regular, en caso de que
existan motivos legales para ello.
6. Adopte las medidas necesarias para prevenir y reprimir cualquier abuso contra las
personas detenidas.
f) “Informe del Departamento de Estado al Congreso de los EE.UU
acerca de los derechos humanos en Uruguay” (Fragmentos)
*” El País”, 14 de febrero de 1980.
[...] Con el incremento del desacuerdo entre la rama legislativa y las Fuerzas Armadas
sobre la conducción de la campaña antiterrorista (la cual incluye desapariciones, torturas y
arrestos arbitrarios) y la consecuente presión de liderazgo militar llevó a la clausura del
parlamento en junio, 1973. La tendencia después de junio de 1973 fue hacia un gobierno
militar de facto. El presidente electo constitucionalmente, gobernó por decreto en cooperación
con las Fuerzas Armadas hasta que fue desplazado por los militares en 1976. Desde entonces,
las Fuerzas Armadas han ejercido control sobre “el gobierno cívico-militar”. Con las
instituciones democráticas en su mayoría suspendidas, la campaña antiterrorista fue
conducida con poco cuidado hacia los derechos individuales. El período desde 1975 a 1976
ha sido caracterizado por la supresión de las actividades políticas, la supresión de facto de
los Partidos Políticos, la “proscripción” de cientos de líderes políticos, severas restricciones
de la libertad de expresión, perdida de independencia de la Justicia e intimidación de los
abogados. Ha habido gran número de detenciones por razones políticas y hasta últimamente
torturas y otras formas de malos tratos a los detenidos políticos durante los interrogatorios.
[...]
Torturas
Las autoridades militares uruguayas han completado recientemente medidas internas
aparentemente efectivas para terminar con la práctica de la tortura. Estas fueron empleadas
ampliamente durante los interrogatorios desde 1972 a 1977...
Tratos y penas crueles inhumanas o degradantes.
La intimidación de los detenidos a través de abusos psicológicos durante los interrogatorios,
continuaron en 1979...
Nuevos prisioneros son detenidos incomunicados durante la etapa de los interrogatorios.
A pesar de que esto una vez puede haber durado hasta varios meses, se ha inclinado desde
1978 hacia períodos más cortos.
Noticias de arresto, paradero y estado de salud no son normalmente dados a los miembros
de la familia en esta etapa.
La mayoría de los informes de los desaparecidos por motivos políticos surgen de este
período de detención incomunicada, pero, en la gran mayoría de los casos, el preso ha
reaparecido dentro de unos pocos días o semanas.
Arresto o prisión arbitraria
Habeas Corpus y otras garantías constitucionales contra la detención arbitraria han sido
suspendidas en los casos de seguridad.
[...] la definición de actividad subversiva ha sido ampliada para incluir delitos tales como
atentado a la moral de las FF.AA y falta de respeto a la autoridad militar.
Denegación de juicio público ajustado a la ley
Terrorismo, subversión, delitos políticos no violentos, y otros delitos contra “la patria”
están sujetos al Código Penal Militar. La prueba testimonial, frecuentemente obtenida bajo
severas presiones físicas y psicológicas, ha sido la base para la declaración de culpabilidad.
[...] El sistema de la justicia militar permanece secreto y arbitrario, seriamente limitativo
de los derechos y la posibilidad del acusado de lograr efectiva defensa.
[...] Los abogados no tienen acceso a sus clientes durante las investigaciones antes del
juicio ni bajo el código penal militar, ni bajo el código penal ordinario.
[...] Los abogados no tienen acceso completo a la evidencia bajo la justicia militar.
[...] A un prisionero en libertad provisional se le puede negar el derecho a viajar, puede
tener dificultad en conseguir empleo y puede ser nuevamente arrestado por violar su
libertad provisional. A veces se continúa deteniendo a personas detenidas bajo el sistema
de justicia militar en virtud de las medidas prontas de seguridad o son nuevamente arrestadas
después de completar su sentencia.
No han habido casos verificados de ejecuciones sumarias. De 20 a 30 muertes de prisioneros
ocurrieron bajo circunstancias dudosas entre 1972 y 1977.
Violación de domicilio
Garantía de inviolabilidad del domicilio de personas sospechosas de terrorismo, subversión
y otro delito de lesa nación son suspendidas bajo las actuales Medidas Prontas de Seguridad
pero son respetadas en los casos que no involucran la seguridad.
[...]
(En otro pasaje del informe se señala:)
La corrupción en el gobierno no se ha extendido. Aunque hay denuncias no confirmadas
de prácticas corruptas por autoridades individualizadas, algunas de ellas de prominencia.
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